Neoliberalismo Mexicano

El proyecto modernizador (1988-2000)

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)

El presidente Carlos Salinas de Gortari profundizó la política de su antecesor, que en buena parte había sido diseñada por él desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, a su cargo durante el gobierno de Miguel de la Madrid. La meta de su gobierno fue la modernización del país para incorporarlo a un mercado internacional cada vez más dinámico y abierto, y adecuarlo a las condiciones de la economía mundial: libertad de precios, apertura comercial, liberación de las relaciones laborales y disminución del papel del estado en la economía y en la sociedad.

Para conseguir el paso de una economía de mercado cerrado y protegido a otra de mercado abierto al mercado internacional, Salinas tuvo que modificar las bases no sólo económicas, sino políticas y jurídicas del Estado mexicano. Privatizó la banca y procedió a la venta masiva de numerosas empresas paraestatales. En 1990 se renegoció la deuda externa con la banca internacional.

Por medio de reformas a la Constitución, se dio un giro a la política gubernamental y al propio perfil del Estado. Por ejemplo, a través del artículo 130, se reconoció jurídicamente a las iglesias; y, con la reforma al 27, la más debatida, se modificó el régimen de propiedad en el campo y los procesos de organización y producción agrícolas. Con el cambio se transformó la propiedad social del ejido y la comuna en individual, permitiendo a los ejidatarios el derecho sobre sus parcelas, que podrían ser vendidas o rentadas a partir de la nueva legislación. Salinas de Gortari puso así fin a la Reforma Agraria tradicional y a la economía mixta, a las estructuras del antiguo modelo benefactor que había funcionado durante medio siglo. Como elemento compensatorio, instrumentó el programa asistencial y de promoción del desarrollo denominado "Solidaridad", de vasta repercusión en el medio rural y en los sectores sociales de mayor pobreza. Modificó los controles corporativos sobre la sociedad y dio paso al inicio de una competencia pluripartidista y a un cambio profundo en la relación entre Estado y sociedad.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (1994), se hizo posible la inserción de México en el bloque económico más importante del mundo (Estados Unidos y Canadá) y se alcanzó una de las metas gubernamentales clave del período: establecer un nuevo modelo de desarrollo económico, de abierta competencia en el escenario internacional.

El cambio en el modelo de desarrollo, si bien necesario, vulneró sectores nacionales de pequeña y mediana empresa que no estaban en condiciones de entrar en ese proceso de abrupta competencia externa. Por otro lado, al poner fin al cooperativismo, con frecuencia los trabajadores quedaron al margen de la protección del Estado y de sus propias organizaciones. El modelo planteó la necesidad de una política de estímulos a la industria nacional y de distribución del ingreso de mayor beneficio social.

El fin del período de Salinas de Gortari se caracterizó por sucesos de gran impacto político, como la aparición de un movimiento armado indígena en el estado de Chiapas (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), la creciente presencia de las organizaciones opositoras (partidos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales); y el asesinato de prominentes personajes políticos, contextualizado en la lucha de grupos criminales organizados. La competencia entre partidos se intensificó. No obstante, la modernización económica fue mucho más acelerada que la modernización política. La Reforma del Estado, que figuró como una premisa del proyecto de gobierno, apuntó con preeminencia a los aspectos económicos y administrativos.

Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)

Inició su gestión con una devaluación importante del peso mexicano. Asumió y aceleró las transformaciones del sistema político y de la Reforma del Estado anunciadas durante el régimen del presidente Salinas.

Los puntos centrales de su gobierno han consistido en un riguroso control de la inflación y del gasto público; un reordenamiento de la economía, un pago escrupuloso de la deuda externa y una política selectiva de fomento a la industria y al comercio, en la que han destacado los estímulos a la actividad exportadora.

En lo político, en 1995 el presidente Zedillo suscribió un pacto con los principales partidos del país para llevar a cabo una reforma electoral y política (poderes públicos, federal y régimen del Distrito Federal). Como consecuencia, el Instituto Federal Electoral (IFE) se separó del Poder Ejecutivo Federal y adquirió autonomía, como garantía de imparcialidad en el manejo de los asuntos electorales. En las elecciones de 1997, organizadas y vigiladas por ese organismo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el control en el Distrito Federal, que pasó a ser gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Se creó así una nueva correlación de fuerzas. En la Cámara de Diputados (LVII Legislatura), a partir de 1997 y hasta agosto de 2000, predominó la oposición con 261 escaños contra 239 del PRI. De los 261, 125 correspondieron al PRD; 121 al Partido Acción Nacional (PAN); 8, al Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y 7, al Partido del Trabajo (PT). En el Senado, el PRI tuvo la mayoría: 77 senadores contra 33 del PAN, 16 del PRD, 1 del PT y 1 del PVEM (en realidad, cambios de partido de algunos representantes, modifican las cifras originales).

En 1998 entró en vigencia la Ley de Participación Ciudadana. Además, con el reajuste de las fuerzas políticas, y el mejoramiento sustancial de las instituciones electorales y sus procedimientos, Ernesto Zedillo entregará la Presidencia en diciembre de 2000, con base en la elección más abierta y más competida en la historia de México. Con las elecciones de julio de 2000, el panorama que se abrió fue inédito, al ganar la Presidencia el Partido Acción Nacional y su candidato Vicente Fox (primera vez desde 1929 que el Partido Revolucionario Institucional pierde esa importante posición). En la promoción de un proceso legal y pacífico ha radicado una de las principales aportaciones del gobierno zedillista.

Los retos que se presentan al término del sexenio son entre otros, una transición al nuevo período de gobierno sin desequilibrios financieros y una consolidación de la reforma política con estabilidad y paz social. Aspectos sobresalientes para el siguiente gobierno son la consolidación de los logros alcanzados hasta hoy en el nivel macroeconómico, y la intensificación de políticas de redistribución del ingreso, desarrollo regional y social más equilibrado; y combate a la inseguridad pública y el narcotráfico.