LEYES DE REFORMA

Las Leyes de Reforma son una serie de leyes expedidas entre [1859] y [1860], por el entonces presidente de México Benito Juárez. Las reformas establecidas en estas leyes fueron más radicales que las de la Constitución de 1857, y según los colaboradores del presidente, completaban la constitución.

Este documento, verdaderamente radical ^{[cita requerida]}, fue realizado totalmente por Benito Juárez al expedir en Veracruz las Leyes de Reforma, parte de las cuales estaba destinada a castigar al clero por su intervención en la política, y por haber ayudado con sus bienes al sometimiento de la guerra, favoreciendo a los conservadores. No estará por demás advertir que esas leyes habían ya sido puestas en práctica por el gobernador de Zacatecas, don Jesús González Ortega, con anterioridad.

Entre las más importantes de esas leyes, se cuentan: la de ocupación de bienes eclesiásticos, de 13 de julio de dicho año; la del 23 del mismo, que declaró que el matrimonio era un contrato civil, suprimiendo la intervención forzosa, en él, de los sacerdotes; la ley del registro civil, el 28 del mismo por la que la prueba del estado civil de las personas, quedaba a cargo de empleados de gobiernos; la del 31 de julio, por la que se secularizaron los cementerios; la del 11 de agosto, que suprimió casi todas las festividades religiosas, y la del 4 de diciembre de 1860, que estableció la libertad de cultos. El objetivo principal de estas leyes era separar a la Iglesia del Gobierno o Estado.

Las leyes de Reforma inicialmente fueron tres:

• Ley Juárez:de 1855 suprimia los fueros del clero y del ejercito y declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley, promulgada por Benito Juárez
• Ley Lerdo: De 1856, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiáticas a vender casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes arrendaban para que esos bienes produjeran mayores riquezas, promulgada por Lerdo de Tejada
• Ley Iglesias:De 1857 Prohibió el cobro de derechos y obvenciones parroquiales, el diezmo, promulgada por Iglesias

Al trasladar su gobierno a Veracruz en 1859, Juárez promulgó las siguientes reformas:

• Ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos: Esta ley complementa la Ley Lerdo de desamortización de los bienes de la iglesia, con un cambio importante: los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas (1859).
• Ley del matrimonio civil: Establece que el matrimonio religioso no tiene validez oficial y establece el matrimonio como un contrato civil con el Estado (1859).
• Ley orgánica del registro civil: se declararon los nacimientos y defunciones como un contrato civil con el Estado (1859).
• Ley de exclaustración de monjas y frailes: Se prohibió la existencia de claustros o conventos, y se decretó la salida de las religiosas y religiosos que ahí vivían.
• Ley de libertad de Cultos: Esta ley permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que desee. Esta ley también prohibió la realización de ceremonias fuera de las iglesias o templos.

Cambio Dinástico en España.

El cambio dinástico en España.

A principios del siglo XVIII, murió Carlos II rey de España sin dejar descendencia al trono. Sin embargo, fue obligado por la corona francesa a testamentar el trono español a favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, rey de Francia.

Este hecho desencadenó una guerra entre Francia y España que duró 15 años, que terminó con el triunfo de la dinastía francesa de los Borbón, que a partir de entonces, se convirtió en la familia monárquica de España, poniendo fin al dominio de los Hasburgo.

Las Reformas Borbónicas.

En 1759, Carlos III subió al trono, y se encontró con que España tenía graves problemas económicos. Para hacer frente a esta dificultad, atrajo a su corte a consejeros “ilustrados”, convirtiéndose el reinado de Carlos III en un régimen de despotismo ilustrado, donde las reformas no se hicieron esperar.

Así, para 1763, ya se aplicaban profundos cambios en la administración española, entre los que destacan el impulso al desarrollo del comercio, la atracción de más recursos económicos de las colonias americanas, la supresión de importantes monopolios comerciales, el incremento a los impuestos.

Invasión Napoleónica.

En 1807, Francia y España acordaron la invasión a Portugal, de acurdo a los planes que tenía Napoleón sobre éste último.  Dentro del acuerdo, España concedía el derecho de paso a las tropas francesas en territorio español, quienes se apoderan de Lisboa a fines de ese mismo año, y de paso instalaron guarniciones militares a lo largo de España bajo pretexto de mantener comunicación entre París y Lisboa.

Las intenciones de Napoleón sobre España, eran de apoderarse de España y de sus territorios en América, sólo que la sociedad civil española organizó rápidamente la resistencia contra Francia, el gobierno español se debilitó, siendo esta una de las causas por las cuales se inician los movimientos que buscan la independencia en las naciones americanas.

Revolución de Ayutla

La derrota mexicana a manos estadounidenses abrió el paso para que Santa Anna volviera al poder. Sin embargo, una revolución liberal lo destronó e inició un nuevo periodo marcado por el liberalismo.

La Revolución de Ayutla fue un movimiento insurgente originado en el departamento de Guerrero (actualmente, el estado del mismo nombre, al sur de México) en el año de 1854. La razón del levantamiento de los surianos fue la inconformidad con la dictadura de Antonio López de Santa Anna, que aprovechando la abolición de la constitución federal de 1824 gobernaba dictatorialmente con el título de Su Alteza Serenísima. La Revolución comprende tanto el conflicto armado propiamente dicho como las presidencias de Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort. Bajo la presidencia de este último fue promulgada la Constitución de 1857. El período concluye con la renuncia de Comonfort a la presidencia y el inicio de la Guerra de Reforma. Las inconformidades en contra de Santa Anna crecen por la venta de la mesilla y los liberales encabezados por Juan Álvarez y Florencio Villarreal dieron a conocer el plan de Ayutla. En el desconocían a Santa Anna como presidente, que se revisaran las acciones de este, que se eligiera un presidente provisional y que se creara el congreso constituyente de 1857 que aprobó la Constitución de 1857.

Santa Anna es uno de los personajes más polémicos de la historia de México. En sucesivas ocasiones fue héroe —como cuando venció a los españoles en la Batalla de Pueblo Viejo cuando estos intentaban reconquistar México— y también fue villano (luego de la independencia de Texas). Fue Presidente de México una decena de ocasiones, y cambió de bando político cualquier cantidad de veces.

En realidad, la dictadura de Santa Anna no era nada nuevo. Tiempo atrás, durante la separación de Texas, se había autonombrado dictador de México. Sin embargo, en esta segunda oportunidad dictatorial llevó sus propias aspiraciones a un extremo peligroso. Lo de menos es que se hubiere nombrado Su Alteza Serenísima por la vía del decreto constitucional. Con el afán de obtener recursos financieros para su gobierno que se hallaba en la bancarrota, llegó a impulsar el cobro de un impuesto por el número de ventanas y puertas de las viviendas de la ciudad de México.

El gobierno de Santa Anna representaba para una buena parte de la población mexicana (los pobres, y desde luego, la protoburguesía liberal desplazada del poder con la dictadura santaannista). El descontento quedó reflejado en dichos, apodos y otros juegos de palabras, como esta adivinanza:

"Santa Anna no es mujer,"Es Santa sin ser mujer,es rey, sin cetro real,es hombre, más no cabal,y sultán, al parecer.

La dictadura era profundamente corrupta, no había ninguna claridad en el manejo de los fondos (hay que recordar que la Intervención estadounidense había dejado, a pesar de todo, las arcas llenas de pesos de oro); no existían las garantías individuales, y la oposición era tratada con fierro. Sin duda, más allá del descontento popular con el gobierno del Quince Uñas (como llamaba el pueblo llano a Santa Anna porque había perdido un pie en una batalla), había un profundo malestar entre la pequeña burguesía liberal que se había venido formando a lo largo de la primera mitad del siglo XIX en México.

La burguesía agraviada

Efectivamente, la vocación conservadora del gobierno de Santa Anna había favorecido a ciertos grupos de la aristocracia mexicana del siglo XIX. A su amparo, las posesiones de la Iglesia habían crecido escandalosamente. Otros problemas sobre la tenencia de la tierra era la existencia de corporaciones civiles (como las comunidades indígenas) que impedían la especulación con las bienes raíces, y por lo tanto, el proceso de acumulación capitalista. En aquélla época, como queda dicho, había un pequeño grupo de nuevos burgueses ilustrados que no veían con buenos ojos esta concentración de tierras en manos muertas.

Además, la Iglesia también era una institución con gran poder político. Durante el tiempo de Santa Anna, pocas decisiones se tomaban sin tener en cuenta la opinión de la jerarquía eclesiástica. Además, quedaban otros resabios de la organización colonial, como las aduanas internas, que impedían la modernización del país, y virtualmente lo tenían fragmentado en pequeños feudos dominados por caciques locales.

Por si lo anterior fuera poco, Santa Anna había desterrado a varios liberales conspicuos, entre ellos a Melchor Ocampo (ex gobernador de Michoacán), Benito Juárez (ex gobernador de Oaxaca), Ponciano Arriaga y muchos más, que se refugiaron en los Estados Unidos. La experiencia del destierro llevó necesariamente a comparar el poderío económico de los vecinos del norte con la caótica situación de la República. Se dieron cuenta que la única manera de llevar a México por el camino del progreso (entendido bajo la divisa del dejar hacer), era derrocando a Santa Anna e instalar un gobierno afín a la ideología liberal.^[1]

El Plan de Ayutla

El 1 de marzo de 1854 fue pronunciado el Plan de Ayutla, en esa misma población del departamento de Guerrero. Lo promovían Florencio Villarreal, Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort. El primero había sido insurgente de la independencia de México, y el segundo era un coronel relativamente joven. El documento planteaba la necesidad de formar un frente nacional para derrocar al gobierno dictatorial de Santa Anna. Álvarez y Comonfort se pusieron al frente de una tropa de campesinos. Al plan se unieron Benito Juárez, Melchor Ocampo y otros liberales desterrados por Santa Anna, que radicaban en los Estados Unidos. Aunque no participaron directamente en la lucha armada, estos personajes habrían de decidir el rumbo político de la revolución.^[2]

El plan contemplaba la destitución de Santa Anna, el nombramiento de una presidencia interina de corte liberal (cuya responsabilidad quedaría en manos de Juan N. Álvarez), y la convocatoria a un Congreso Constituyente que redactara una nueva constitución para el país (dado que la de 1824 había sido abolida por Santa Anna, que en su lugar impuso las Siete Leyes, de orientación centralista).^[3] Aunque no se trataba de un documento radical, fue capaz de ganarse cierto apoyo en el resto del país, y pronto, la guerra civil se extendería por buena parte de México. El Plan de Ayutla fue modificado en el puerto de Acapulco el 11 de marzo de 1854.^[4]

Comienza la guerra

Habida cuenta de los amagos levantiscos en el departamento de Guerrero, encabezados por Comonfort y Álvarez, Santa Anna intentó reprimir rápidamente la insurrección de los pintos (como eran llamados peyorativamente los guerrerenses, a causa del mal de pinto, endémico de la región). Por ello decretó la pena de muerte para quienes poseyeran un ejemplar del Plan de Ayutla y no lo quisieran entregar a las tropas del gobierno. De igual manera, impuso la leva (enlistamiento forzado en el ejército), y aumentó el presupuesto del gobierno central, de 6 a 17 millones de pesos. Para recaudar los fondos, elevó nuevamente los impuestos y reinstaló las alcabalas (aduanas interiores).

Acto seguido, Santa Anna se puso al frente de una fuerza de seis mil hombres. Llegó a Acapulco, centro de la insurrección, el 19 de abril de 1854. El Ejército Restaurador de la Libertad, organizado por Comonfort, encabezado por Álvarez, se había pertrechado en la fortaleza de San Diego.^[3] Los quinientos soldados del Ejército Restaurador resistieron los embates de Santa Anna con éxito. La tropa del dictador había sido sensiblemente disminuida, ya por la deserción de sus soldados, por las enfermedades tropicales o por las bajas en la guerra. Finalmente, Santa Anna decidió levantar el sitio, y regresó a la capital. En el camino de Acapulco a México, redujo a escombros a muchas poblaciones y haciendas que habían apoyado el Plan de Ayutla.^[5]

El Plan de Ayutla fue proclamado rápidamente en otras partes del territorio nacional. El primer departamento en sumarse a la revolución fue Michoacán, gobernado por Epitacio Huerta. A mediados de 1854, el Plan había sido pronunciado en Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, México y Guanajuato (apoyado en este último departamento por el gobernador Manuel Doblado). Los insurgentes capitalizaban no sólo el descontento de la naciente burguesía, sino el de las masas populares en condiciones de miseria que cargaban con el fardo de los impuestos decretados por Santa Anna. Por el norte, los liberales en el destierro también atizaban la rebelión.^[6]

Para contener la ola rebelde, el dictador apeló al terrorismo de Estado. Decretó la ocupación de las propiedades de los rebeldes, declarados o sospechosos, empezando por las fincas de Álvarez. Asimismo, dispuso que toda población que brindara su apoyo a la insurgencia sería saqueado e incendiado. Los civiles que estuviran en posesión de armamento fueron condenados a pena de muerte. El espionaje se hizo más intenso y los destierros fueron cada vez más comunes.

«Toda aquella persona á quien se probare que ha divulgado noticias falsas ó alarmantes, sea cual fuere la clase á que pertenezca, será reducida á prisión, considerada como conspiradora, y por esto juzgada con arreglo á la ley de 1° de Agosto de 1853. El que se ocupare censurar los actos del Supremo Gobierno ó los de alguna de las demás autoridades de la nación, será reducido á prisión, y juzgado y sentenciado como faccioso. Incurrirá en la pena de doscientos pesos de multa, ó en la de dos meses de prisión, todo aquel que no denunciare á los que se ocupan en suponer descalabros que sufren las tropas de gobierno, ó en aplaudir ó ensalzar la revolución».

Bando publicado el 29 de julio de 1854.^[7]

La estrategia de Santa Anna contemplaba además, una combinación de fuerza y demagogia. Por ello, durante esta última etapa de su gobierno, las celebraciones patrióticas y religiosas contaron con el apoyo decidido del gobierno. De hecho, convocó a un concurso para la elección del himno nacional, cuyos resultados fueron publicados el 11 de septiembre de 1854. No es casualidad que una de las estrofas de la poesía elegida (escrita por Francisco González Bocanegra), hiciera una clara alusión a Santa Anna como héroe nacional. Años más tarde, la estrofa fue suprimida.

La ofensiva del gobierno y la bancarrota del movimiento pusieron en jaque a los revolucionarios. En junio de 1854, Comonfort partió hacia Estados Unidos a conseguir recursos para la insurgencia. Obtuvo un préstamo de Gregorio Ajuria, un rico español, amigo de Álvarez y simpatizante de los liberales. Volvió a Acapulco a principios de diciembre de ese mismo año.^[8] Comonfort se dirigió inmediatamente a Michoacán, donde la revolución progresaba con apoyo de los jaliscienses comandados por Santos Degollado.

Por otro lado, en el frente de Santa Anna, las cosas no marchaban mejor. Para simular que la dictadura contaba con amplio respaldo popular, Su Alteza Serenísima convocó un plebiscito en el que los ciudadanos podrían expresar "libremente" si deseaban que Santa Anna continuara en el cargo, o bien, preferían que dimitiera y entregara la presidencia de la República a otra persona. Algunos votantes se tomaron en serio el plebiscito y se pronunciaron abiertamente por la dimisión del dictador y el nombramiento de Álvarez como interino. Desde luego, Santa Anna no iba a renunciar, y sometió a juicio y apresó a los simpatizantes de la revolución que participaron en el plebiscito.^[9] El 1 de febrero de 1855, para rematar, fue expedido un decreto por el cuál la nación se manifestaba por la permanencia de Santa Anna en la presidencia de México. Todavía caliente el pan del plebiscito, Santa Anna partió a Michoacán para "aplastar" a los rebeldes. Lo más que consiguió fue dispersarlos o arrinconarlos en la costa. Regresó a México aparentemente victorioso.

Sin embargo, la rebelión se había extendido a varias partes del territorio nacional. Santiago Vidaurri había obtenido varios triunfos en el departamento de Nuevo León. En Veracruz, Ignacio de la Llave había tomado Orizaba, y los liberales oaxaqueños estaban en control de Tehuantepec.^[10]

Por su parte, una buena parte de la aristocracia mexicana se mostraba reacia a prestar dinero al gobierno, pues se habían enterado que la mayor parte de la tropa de Álvarez estaba compuesta por labriegos pintos, inconformes con las condiciones de vida en las haciendas del departamento de Guerrero. Los conservadores consideraban que Santa Anna era un inepto, incapaz de controlar el país, y se pronunciaron a favor de la instauración de una monarquía. Fue así como comenzaron las gestiones que habrían de terminar con el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano.

A esas alturas de 1855, la Revolución de Ayutla había cobrado tal fuerza que ningún acontecimiento podía desviar la atención de la guerra civil. En aquél tiempo, la fábrica de papel de San Ángel hacía notables progresos, Juan de la Granja había introducido el telégrafo, el conde Gaston de Raousset-Boulbon (que había intentado independizar Sonora y Baja California) fue fusilado después de haber perdido la batalla de Guaymas en el pueblo del mismo nombre, la Casa Drusina (subsidiaria de Rothschild) había quebrado, los espectáculos populares aumentaban y los intereses de los Bonos del Tesoro habían aumentado a 10%. Ni con todos estos sucesos de gran importancia simbólica, amainaba el temporal revolucionario.

Mientras tanto, al otro lado del río Bravo, los liberales en el destierro decidieron participar en el campo de batalla. Desde mediados de 1855, Comonfort había instado a Benito Juárez a que se trasladara al cuartel general de la revolución, en Acapulco. A este puerto llegó el ex gobernador de Oaxaca en julio de ese mismo año, donde se desempeñó como consejero político de la insurrección. Mientras tanto, el grupo de exiliados, encabezados por Ocampo, se había constituido en Junta Revolucionaria, y poco tiempo después ya participaban también en la guerra.

El gobierno de Santa Anna había agotado para entonces sus recursos. Ni la represión, ni la demagogia habían podido poner punto final a la Revolución de Ayutla. Muy al contrario, sólo desprestigiaron más la figura desgastada de Su Alteza Serenísima. Un mes más tarde, en agosto, las fuerzas de los pintos de Álvarez y los neoleoneses encabezados por Vidaurri atenazaban la capital. Ante este panorama, Santa Anna decidió abandonar México el 9 de agosto de 1855, y se embarcó al extranjero.^[11] Cuando abandonó la capital, una multitud manifestó su repudio a Santa Anna. Desenterraron la momia de su pierna perdida (que unos años antes había sido sepultada con honores, incluidos los militares y un Te Deum), y la arrastraron por las calles de la Ciudad de México. Para concluir, llegaron a la plaza de El Volador, e hicieron trizas la estatua del dictador.

Los conservadores, antiguos aliados del dictador, aprovecharon el desconcierto en la capital. Fingieron adherencia al Plan de Ayutla y nombraron una Junta de Representantes (tal como señalaba el plan), que nombró a Martín Carrera como presidente interino. Sólo duró en el cargo 28 días, pues fue abandonado por las tropas conservadoras ante el avance de la columna liberal. El 1 de octubre de 1855, el general en jefe de la Revolución y su tropa ocuparon Cuernavaca. Allí se nombró la Junta de Representantes, con Valentín Gómez Farías a la cabeza. La Junta nombró interino a Juan Álvarez, y éste, ya en su calidad de presidente, nombró su gabinete presidencial, en el que estaban incluidos varios de los ideólogos liberales radicales que habían sido desterrados por Santa Anna, y Comonfort, que coqueteaba con el bando moderado.

Declaración de los Derechos Naturales del Hombre

En la declaración se definen los derechos "naturales e imprescriptibles" como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el principio de la separación de poderes. El Rey Luis XVI la ratificó el 5 de octubre, bajo la presión de la Asamblea y el pueblo, que había acudido a Versalles. Sirvió de preámbulo a la primera constitución de la Revolución Francesa, aprobada en 1791.

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (26 de agosto de 1789)

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; en consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:

Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Artículo 2.- La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 3.- El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.

Artículo 5.- La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene.

Artículo 6.- La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

Artículo 8.- La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.

Artículo 9.- Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.

Artículo 10.- Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.

Artículo 11.- La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 12.- La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada.

Artículo 13.- Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad.

Artículo 14.- Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración.

Artículo 15.- La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público.

Artículo 16.- Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Artículo 17.- Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización.

 

Jalisco Posindependiente

Federalismo y Pacto Federal de Anáhuac (1786 – 1823)

Al desaparecer el Imperio, los líderes locales pretendieron una completa autonomía, por lo cual se desató una intensa campaña en favor del federalismo que se apoyó en dos grandes figuras: Francisco Severo Maldonado y Prisciliano Sánchez, ambos respaldados por el propio jefe político Quintanar.

Desde marzo de 1821, había circulado en Guadalajara el Contrato de asociación para la República de los Estados Unidos del Anáhuac, donde Maldonado sostenía que el sistema federal era el más apropiado para gobernar un territorio de grandes dimensiones y para darle mayor cohesión a los habitantes de cada provincia.

Por su parte, el Pacto Federal de Anáhuac, de Prisciliano Sánchez, aparecido en 1823, aseguraba que el federalismo constituía "un invento feliz" de la política porque se ajustaba a las condiciones naturales del hombre, a fin de representar el único medio capaz de moderar la fuerza del gobierno central y la manera más eficaz para que cada individuo desarrollara con plenitud sus virtudes cívicas. Sobre Don Prisciliano Sánchez existe un muy completo estudio biográfico denominado Reivindicación de Don Prisciliano Sánchez, Precursor del Federalismo Mexicano y Fundador del Estado de Jalisco, publicado en 2003 por el historiador Marco Antonio Cuevas Contreras.

Oficialización de la República y Gobierno de Prisciliano Sánchez (1823 – 1826)

Por su parte, en México se instaló finalmente el nuevo Congreso Nacional el 7 de noviembre de 1823 y, luego de acalorados debates, el 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta constitutiva federal, cuyo artículo 50. estipulaba que la república habría de ser organizada bajo las bases del federalismo. Fue remitida de inmediato a todos los estados, siendo jurada el 7 de febrero de 1824 por las autoridades de Jalisco, no obstante que en ella se concedían facultades tales al Congreso General y al Ejecutivo que les permitirían controlar desde el Centro a toda la Nación.

El primer gobernador constitucional, Prisciliano Sánchez, y su vicegobernador, Juan N. Cumplido, lo mismo que la I Legislatura del estado, tomaron posesión de sus cargos el 24 de enero de 1825.

La gestión del primer gobernador, que debía concluir en 1829, se vio interrumpida por su muerte repentina víctima de una infección, el 30 de diciembre de 1826, dando lugar a que Juan N. Cumplido se convirtiera ya en la pieza política principal de Jalisco. Hasta el día de su muerte (en 1851) fue nombrado seis veces gobernador interino en periodos que abarcaron de dos meses a un año, a más de resultar electo en tres ocasiones diputado local.

Sucesores de Sánchez (1826 – 1835)

En general, los sucesores de Prisciliano Sánchez continuaron con la misma línea política de éste. En el año de 1827, el Gobierno logró intervenir en el manejo de los diezmos y, en marzo de 1829, se privó a la Iglesia de su opción de adquirir bienes raíces y fundar obras pías.

Por otra parte, el uso extensivo de la libertad de imprenta dio lugar a una profusa Boletería que posibilitó la expresión escrita de todas aquellas ideas que las restricciones anteriores habían acallado. Ahora, ni censura ni tribunal alguno podían impedir y, mucho menos, castigar la crítica abierta de cuanto asunto anduviera en boga.

De 1821 data la primera escuela en Guadalajara sostenida exclusivamente con fondos del Ayuntamiento; pero no fue hasta el gobierno de Prisciliano Sánchez cuando se llevó a cabo una intensa campaña de escolarización, en tanto que la Constitución local sentaba el compromiso de crear escuelas de primeras letras en todos los pueblos de la entidad y de elaborar un plan general de estudios. Este fue publicado el 20 de marzo de 1826 y establecía que la enseñanza oficial en Jalisco habría de ser "pública, gratuita y uniforme", en sus cuatro niveles: municipal, departamental, cantonal y estatal. Asimismo, se clausuraron el colegio de San Juan Bautista y la Universidad de Guadalajara a causa de su marcada tendencia colonial, y se fundó el Instituto del Estado con un programa académico más amplio y acorde a lo que el Gobierno esperaba de la educación superior.

En cuanto a la educación de niñas, el Plan prescribía que también se estableciesen escuelas públicas "en todos los pueblos de Estado" para que aprendieran a "leer, escribir, contar, el dibujo y las labores convenientes a su sexo".

Aunque de hecho ya lo estaba desde el triunfo de los planteamientos de Cuernavaca, no fue sino el 23 de octubre de 1835 cuando el federalismo quedó oficialmente suprimido en todo el país. Jalisco y las demás entidades pasaron por entero a depender de México, mientras los partidarios del centralismo, entusiasmados por el triunfo, se lanzaban a demostrar que las cosas iban a marchar mejor en lo sucesivo.

La Reforma (1835 – 1877 )

En junio de 1836, José Antonio Romero cesó como gobernador interino de Jalisco pues pasó al gabinete presidencial, tomando su lugar el vicegobernador Antonio Escovedo, a quien correspondió dar a conocer las llamadas Siete Leyes Constitucionales que fueron proclamadas en la ciudad de México el 30 de diciembre de 1836.

En el ahora "departamento" de Jalisco, los tres gobernadores habidos entre 1835 y 1841: Romero, Escobedo y José Justo Corro – quien cubrió un interinato de noviembre a diciembre de 1837 –, fueron fieles ejecutores de la voluntad del Centro, a pesar de que los tres eran jaliscienses de nacimiento.

El entusiasmo que despertó el advenimiento del federalismo se vio empañado pronto por las noticias acerca de la invasión de fuerzas militares de Estados Unidos y de que la corbeta de guerra estadounidense Cyane había anclado en San Blas el 2 de septiembre de 1846. No se sabe con certeza cuánto tiempo permaneció el referido buque bloqueando el puerto, pero es evidente que impidió, o cuando menos dificultó, las operaciones de los comerciantes comarcanos, aparte del sobresalto que sembró entre los moradores.

Si bien es cierto que Jalisco veía transcurrir el asedio de las tropas norteamericanas a distancia, por cuanto éstas no daban trazas de intentar un avance o un desembarco por tierras occidentales, el Gobierno del estado no dejó de preparar dispositivos para la defensa en prevención de que la guerra cambiara su curso inesperadamente. Así, al mediar 1847 cristalizaban las negociaciones tendentes a constituir una alianza con los estados de México, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, pues se reunió en Lagos con representantes de ellos a discutir las maniobras militares conducentes. A mediados de agosto, el gobernador Angulo concurrió a Zamora con sus colegas de México, Zacatecas y Guanajuato para definir nuevas prevenciones destinadas a la salvaguardia del área.

Pérdida de territorios e invasión

A principios de enero de 1848 arribaron a San Blas los buques Lexington y Whiton, cuya tripulación se apoderó de algunos bagajes sin importancia. El puerto no fue atacado ni retenido por el enemigo; de cualquier forma, la cercana presencia extranjera intimidó al Gobierno de Jalisco. Muy pronto – el 2 de febrero de 1848 – sobrevino el tratado de Guadalupe Hidalgo que puso fin a la guerra. Conforme a tal pacto, México perdía, además de Texas, la Alta California, Arizona y Nuevo México, que en su conjunto significaban un poco más de la mitad del territorio nacional.

Francia, España e Inglaterra acordaron el 31 de octubre de 1861 intervenir militarmente en la República Mexicana, en virtud de la suspensión de pagos ordenada por el presidente Juárez. Posteriormente, sólo los franceses continuaron con la empresa, en aras de otros fines. Al contrario de la indiferencia mostrada cuando la invasión estadounidense 15 años atrás, esta vez Jalisco se aprontó a movilizarse verdaderamente en defensa de la Nación. El propio Congreso estatuyó, antes de disolverse, que los jaliscienses entre los 18 y los 50 años de edad debían prestar servicio militar, de manera que el 2 de mayo, el gobernador Ogazón pudo disponer la organización de 10 cuerpos de infantería y de caballería.

El 6 de enero de 1864, arribó a la capital de Jalisco el ejército francés llevando a la cabeza al mismísimo mariscal Bazaine, substituto de Forey. Nadie opuso resistencia, pues Arteaga tenía dos días de haber salido con la tropa hacia el sur de Jalisco, dando lugar a las expresiones despectivas de los soldados jaliscienses que hizo públicas Bazaine, vaticinando que la "pacificación sería muy rápida". Mas la guerra de guerrillas resultó a la larga mucho más dañina para el invasor que el enfrentamiento abierto.

A consecuencia de las derrotas sufridas por los franceses en Europa en octubre de 1866, se hizo inminente el total retiro de las fuerzas expedicionarias en México, máxime que el ejército imperial ya mostraba serias cuarteaduras y empezaba a dar graves tumbos en distintas partes del país.

Situación post-invasión

Eran tiempos malos los que venían: la dictadura de Santa Anna, la Revolución de Ayutla y la Guerra de tres años, causaron serios daños a la educación. De este modo, en 1860 – un año antes de la muerte de López Cotilla – sólo subsistían 19 escuelas oficiales en Guadalajara y, peor aún, al restablecerse en 1867 el régimen republicano, luego de la invasión francesa, Guadalajara no contaría más de 11 planteles municipales que atendían un total de 590 niños y 69 niñas.

Benito Juárez fue reelecto Presidente de la República por resolución mayoritaria del Congreso; pero se mantendría en el poder muy debilitado por la disidencia de Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz que ya encabezaban sendas facciones de liberales. Debilitamiento que no dejó de repercutir en Jalisco, por cuanto la "Unión Liberal" se erigió en el principal enemigo del Gobernador, propiciando una enconada lucha política que sólo terminaría cuando los vallartistas consiguieron consolidarse en el poder en 1871. Mientras los diputados esperaban a que concluyera el periodo constitucional de Gómez Cuervo, éste completó el número necesario de magistrados para reinstalar en noviembre al Supremo Tribunal de Justicia, suspendido a raíz del cese de su presidente. En febrero de 1871, la Legislatura estuvo ya constitucionalmente en tiempo hábil para regularizar sus funciones, mas el Gobernador, alegando su mala conducta anterior, no la reconoció.

Hacia 1878, la superficie de Jalisco – calculada entonces en 115 mil km² – albergaba en sus doce cantones, 30 departamentos y 118 municipalidades que conformaban la estructura territorial del estado, más del 10% de los 9.5 millones de mexicanos; aunque el Séptimo cantón – Tepic –, con seis departamentos y 28 municipios, de hecho ya no pertenecía a Jalisco desde que, en 1867, había sido convertido en distrito militar. Comoquiera, sus pobladores llegaban a la cifra de 857 mil, mayor que la de cualquier otra entidad. Más del 70% vivía en áreas rurales y tenía a la agricultura como principal ocupación, tanto que, en 1877, las cosechas jaliscienses alcanzaron el 16.5% de la productividad de todo el campo nacional. Jalisco era el mayor cultivador de maíz, frijol y trigo. El primer lugar correspondía al maíz y el segundo a los otros dos cereales acompañados de algodón, la caña de azúcar y el tabaco, cuyos respectivos volúmenes, a más de satisfacer la industria local, lograban colocar excedentes en otras partes. En seguida estaba el cultivo del agrave que, año tras año, se convertía en creciente riqueza agroindustrial a consecuencia del mayor consumo del "vino mezcla" o tequila, que había sobrevenido a raíz de la fiebre del oro en la Alta California. Asimismo, aunque en cantidad mucho menor, los suelos jaliscienses cosechaban ajonjolí, papa, lenteja, arroz, cebada, chile, comino, garbanzo, haba, etc.